En ese sentido, planteó que a fin de transparentar la asignación y distribución de subsidios que se otorguen a dependencias y entidades, adicionar las fracciones XI del artículo 75 y XIII del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Así, explicó el legislador del PRD, se mejora la transparencia en la ejecución de los convenios del Ramo 23 que el Gobierno Federal establece con las entidades federativas,  antes de entrar en vigor y se facilita su disponibilidad de manera electrónica, a través del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El gasto público, remarcó, debe estar enfocado a cubrir las necesidades del Gobierno para su óptimo funcionamiento y en el caso de obras públicas y de las compras gubernamentales, debe servir como detonador en tanto su uso para la creación de infraestructura. 

El legislador destacó que el Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria para atender obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades.

Subrayó que la diversidad de funciones que tiene el Ramo, por la administración de recursos propios y ajenos, genera lagunas en términos de calidad del uso final de los recursos que pasan a través de este.

A la propuesta se sumaron diversos senadores y fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.

Nota de la Redacción: Según el Reporte de Investigación 125 de la Facultad de Economía de la UNAM, en México puede hablarse de una falsa austeridad porque los recortes presupuestarios no afectan ni a la burocracia ni a los altos funcionarios ni a servidores públicos.

"...cotidianamente vemos cómo los espacios noticiosos se nutren de casos sobre corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches, y demás actos ilícitos que se nutren del erario; los recortes se aplican cotidianamente y mayoritariamente al gasto en inversión".

Y que con frecuencia, continúa el reporte, el recorte al gasto de inversión beneficia al sector privado, lo que se advierte en el gran crecimiento del número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado. (Rubén Vázquez Pérez)