El senador Alejandro González Yáñez, del PT, señaló que esta reforma, donde se elige de forma directa a las personas juzgadoras, es una transformación verdadera y no de “cuotas y cuates”, por lo que hoy más que nunca está garantizada la división de poderes, pues estas leyes son la mayor “revolución” del Poder Judicial.

Por el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura afirmó que con estas reformas se terminan los “cuates, el nepotismo y la simulación” en el Poder Judicial, y ahora se privilegiará la preparación, la fama pública, el trabajo y la experiencia de las personas juzgadoras. Además, garantizan que los impartidores de justicia se conduzcan con responsabilidad, transparencia, imparcialidad, sin excesos del poder, opulencias ni privilegios.

Carolina Viggiano Austria, del PRI, manifestó que el Poder Judicial “no debe buscar responder a los votos, ser popular o caerle bien a la gente”.  Su autonomía, dijo, debe garantizar la defensa de los ciudadanos, por lo que los jueces deben ser imparciales para que sus resoluciones no procedan de intereses políticos, económicos o personales.

Por Acción Nacional, María de Jesús Díaz Marmolejo, rechazó estas reformas secundarias, ya que, advirtió, socaban la legitimidad y la independencia del Poder Judicial; “de votar favorablemente este dictamen, fenecen los contrapesos imprescindibles en un sistema de separación de poderes, se concluye con la independencia judicial y damos la bienvenida a tribunales parciales y arbitrarios”, añadió.

Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, recordó que anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) privilegiaba los intereses de empresas privadas y extranjeras en detrimento del bien nacional. Enfatizó, en ese sentido, que el pueblo merece un Poder Judicial eficiente, honesto, libre de corrupción y verdaderamente comprometido con la justicia, lo que será una realidad gracias a la reforma constitucional en esta materia y sus leyes reglamentarias.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual establece las normas relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de los órganos que componen el Poder Judicial, es decir, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito.

Se crean dos órganos, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, los cuales combatirán la corrupción, la impunidad, el nepotismo y negligencia del Poder Judicial, a través de reglas claras. El Tribunal de Disciplina Judicial se compondrá de cinco magistradas y magistrados, electos mediante elección popular, en los términos señalados en la Constitución.

Será un órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones, cuyas tareas serán la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial, así como la resolución de los recursos de revisión en los procedimientos administrativos del personal administrativo tratándose de faltas graves.

El Órgano de Administración Judicial contará con independencia técnica y de gestión, tendrá a su cargo la administración de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, y velará por su buen funcionamiento, autonomía, independencia, imparcialidad y legitimidad.

Se propone una integración de cinco personas, que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo; uno por el Senado de la República, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y tres por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de seis votos y, funcionará en Pleno y comisiones. 

En un momento de la sesión dos senadores morenistas, Adán Augusto López, y Miguel Ángel Yunes, se confrontaron con los diputados panistas Mario Humberto Vázquez Robles y el vicecoordinador de Acción Nacional Enrique Vargas, en el que menudearon insultos y amenazas y que cerca estuvo de terminar en intercambio de golpes.

El senador Vázquez Robles advirtió: “Tengo el respaldo de mi grupo parlamentario, que fue testigo de la agresión física y verbal que acabo de tener del senador Yunes y del coordinador Adán Augusto López, y de las amenazas. Hay grabaciones de ello y de las amenazas e insultos que hicieron a mi persona por haber en el debate dicho una frase, por supuesto en el calor del debate.

En ese sentido, Vázquez Robles, senador por Chihuahua, anunció que interpondrá una denuncia formal por la agresión de la que ue objeto y que, dijo, es inconcebible para un Senado respetable.