Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, subrayó que, con el arranque de la militarización, en el sexenio de Felipe Calderón, se disparó el número de homicidios y alcanzó 120 mil casos; estrategia que continuó con Enrique Peña Nieto y provocó alrededor de 160 mil muertes violentas; y con el presidente Andrés López Obrador cerrará el sexenio con más de 200 mil homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema.

Legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, en tanto, argumentaron a favor de la reforma, al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo, que combine las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles.

Alejandro González Yáñez, del PT, señaló que el PAN involucró al Ejército en tareas de seguridad pública sin un marco jurídico adecuado, pero “nosotros no queremos que la Guardia Nacional” se descomponga como pasó con la Policía Federal, que tenía bajo su mando a Genero García Luna.

Posteriormente, en el pleno del Senado, los Grupos Parlamentarios fijaron su postura en torno al proyecto de decreto.

Por Morena, Omar García Harfuch –en la que fue su única intervención como senador, toda vez que minutos más tarde le fue concedida licencia por tiempo indefinido para formar parte del gabinete presidencial-, destacó que ante las condiciones de algunas comunidades sin policías suficientes, y el poder de fuego de la delincuencia organizada, se requiere forzosamente a la Guardia Nacional para lograr la pacificación del país. Un retroceso en la consolidación de esta institución -advirtió-, implicaría empezar de cero en la construcción de un nuevo cuerpo de seguridad.

Francisco Javier Ramírez Acuña reiteró que Acción Nacional votará en contra del dictamen, porque “no estamos de acuerdo en que las autoridades civiles, responsables de la inseguridad pública, trasladen la solución de los problemas a las Fuerzas Armadas”, una estrategia que después de 18 años ha demostrado su fracaso.

Por su parte, Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que, “con la militarización” de la Guardia Nacional “el oficialismo está confesando su incapacidad” de darle seguridad a México, pues busca culpables en el pasado y quiere que el Ejército cargue con su “incompetencia”; mientras el gobierno siga “improvisando”; la gente, dijo, seguirá “sufriendo” en las calles.

Juanita Guerra Mena, del PVEM, se pronunció a favor de trasladar la confianza que el pueblo de México le tiene a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, y de contar con un marco jurídico que respalde su actuación en esta materia.

En tanto, Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, dijo que, para garantizar la pacificación del país, es necesario que la Guardia Nacional se coordine con la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ello aseguraría preparación, disciplina, profesionalismo y que se blinde contra cualquier esfuerzo que pretenda corromperla.

Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano señaló que la minuta no brinda una solución de fondo, estructural, ni duradera en materia de seguridad, pues “fractura” la separación entre el poder civil y el militar, lo que “distorsiona” el diseño institucional del Estado mexicano.

En lo particular, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano registraron reservas para modificar diversos artículos del dictamen, las cuales se integrarán al Diario de los Debates, pero no fueron aceptadas por la asamblea.

Desde la tribuna, Ivideliza Reyes Hernández, de Acción Nacional, insistió en que la reforma constitucional a la Guardia Nacional no sólo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino que también desafía los principios democráticos.

En tanto, Félix Salgado Macedonio, de Morena, pidió al pueblo de México que tenga la esperanza de que la paz pública será una realidad en nuestro país, porque ya se aprobó la reforma al Poder Judicial. “Mientras haya ministros, magistrados y jueces corruptos, que liberan a los delincuentes, nunca se podrá lograr” este objetivo, señaló.

De esta forma, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, por lo que, en punto de las seis de la mañana con 29 minutos, la reforma constitucional fue aprobada en lo general y en lo particular y remitida a las legislaturas estatales. (Boletín, Senado)