Entre los cambios que se realizaron a dicho Código se encuentra establecer como requisito que el promovente de un juicio debe asentar en la demanda su Registro Federal de Contribuyentes y su Clave Única de Registro de Población, a fin de facilitar la identificación de las personas y evitar los problemas que se generen con la homonimia en los nombres de las partes.
Asimismo, se incluyen en las facultades del juzgador, prevenir al promovente para que aclare la demanda cuando sea obscura, irregular o no reúna los requisitos de forma, así como para desecharla en caso de que no se satisfagan los requerimientos del juez.
Los senadores avalaron, en la sesión del pasado seis de diciembre, considerar como excepción a la no admisión de la demanda, el caso en que el actor bajo protesta de decir verdad, manifieste que carece de su Registro Federal de Contribuyentes o su Clave Única de Registro de Población.
Para la procedencia de estos juicios se estableció que el valor de la “suerte principal” sea igual o superior a la cantidad de 574 mil 690.47 pesos y hasta cuatro millones de pesos, sin que se tomen en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda.
Se mandata a la Secretaría de Economía a actualizar cada año por inflación los montos, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a más tardar el 30 de diciembre de cada año.
Con esta cuantía –se agrega– se considera que se abarca la mayoría de los casos que se llevan en los tribunales superiores de Justicia y con ello se podrían desahogar la carga de los mismos en los juicios ejecutivos mercantiles.
Los senadores mencionaron que actualmente existe una saturación en el Sistema Judicial, debido al incremento en la carga de trabajo, por lo que se promueve un sistema oral más ágil frente al esquema tradicional que se imparte de manera escrita, a efecto de reducir los costos de transacción, sobre todo, en una materia como la Ejecutiva Mercantil.
Destacaron que estas modificaciones enviadas por la Cámara de Diputados son avances sustanciales en materia mercantil, pues sin duda, representa una oportunidad para mejorar la simplificación de los procedimientos en materia mercantil y hacerlo más expedito.
El documento se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.