Primero que no falten los medicamentos, “porque se robaban hasta el dinero destinado a las medicinas, en contubernio de funcionarios y seudoempresarios.
Segundo, que no falten médicos y los especialistas, porque también no hay médicos, ni especialistas suficientes. “El llamado modelo neoliberal dejó de impulsar la educación pública, estableció lo de los exámenes de admisión como pretexto para rechazar a quienes querían ingresar a las universidades o hacer especializaciones y el resultado es de que tenemos menos médicos, menos especialistas que los que necesitamos”.
Tercero, detener la corrupción, pues se construían hospitales sólo para obtener ganancias por partida doble, con los mecanismos de asociaciones público-privadas que cobraban por la construcción y además elevadísimos intereses. Un hospital que costaba 300 ó 500 millones de pesos se termina pagando en siete mil.
“Desde Hacienda les recomendaban a los gobiernos estatales que llevaran a cabo esos contratos y que Hacienda les descontaba de sus participaciones los pagos anuales, así dejaron endeudados a los estados con este mecanismo; pero además un tiradero de obras por todos lados, más de 300 obras inconclusas. Entonces, lo tercero es terminar esas obras, mejorar toda la infraestructura de salud”.
Y cuatro, basificar a los trabajadores de la salud porque hay más de 80 mil trabajadores eventuales trabajando por contrato, algunos desde hace 20 años. “Hicimos el compromiso de que se van a regularizar poco a poco para que tengan estabilidad laboral y sigan manteniendo su compromiso de ayudar a que saquemos adelante el sistema de salud pública”.
En su turno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, precisó que el contubernio entre intermediarios y funcionarios afectó el abasto de medicamentos en Institutos Nacionales de Salud, específicamente en el del Neurología y Neurocirugía, en donde la Secretaría de la Función Pública constató que además de la falta de insumos, como material de curación, no se usaba equipo médico esencial propio de esa institución para favorecer contratos con particulares.
Dijo que no hay recortes al presupuesto de esas instituciones y que de acuerdo a los contratos vigentes –hasta Noviembre de este año-, debe haber abasto suficiente de medicinas e insumos.
Aseguró que lejos de recortes presupuestarios, hubo incrementos al presupuesto de esos institutos de entre el cinco al siete por ciento durante 2019 y para este 2020 y sostuvo que si no hay medicamentos no es por falta de dinero o por indisposición del gobierno; el dinero está asignado, pero –hizo notar- los contratos son con intermediarios para la provisión de insumos y medicamentos.
Precisó que se trata de un conjunto muy reducido de empresas distribuidoras que controlaban el mercado con cartas de exclusividad y un amplio conjunto de proveedores.
En México, dijo, hay cuando mucho mil 400 compañías farmacéuticas, 10 grandes internacionales, 10 grandes nacionales y después otras de mediano y pequeño tamaño, y todas tenían que canalizar sus ventas a través de estos intermediarios, que son estas empresas distribuidoras.
“Es interesante además saber que las empresas llamadas distribuidoras a su vez subcontrataban empresas de distribución, empresas conocidas, algunas internacionales, algunas nacionales que hacen logística de distribución, de paquetería; entonces en realidad eran empresas intermediarias.
“Se compraba a empresas condicionadas por esta carta de exclusividad, es decir, la industria farmacéutica tenía que firmar cartas de exclusividad con estos distribuidores y se concentraba la compra por lo tanto en estos cuatro intermediarios.
“Y otro aspecto importante es que en el gobierno existían catálogos de medicamentos e insumos diferentes para cada institución; por lo tanto, la calidad de la atención variaba para la población asegurada, la población no asegurada y al interior de las instituciones diferentes”.
“Tiempo completo”, pide AMLO a Segob para esclarecer caso Ayotzinapa
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que conocer el paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa “es un asunto de gran importancia y prioridad para nuestro gobierno”.
En conferencia de prensa matutina indicó que ha instruido a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dedicarse de tiempo completo a atender el caso.
“Necesitamos conocer la verdad, aclarar lo que sucedió y castigar a los responsables”, enfatizó.
El jefe del Ejecutivo presentó las cartas que envió al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tras reunirse con los familiares de los jóvenes para pedir, con respeto a la autonomía de ambas instituciones, trabajar de manera conjunta.
En las misivas propuso reuniones cada mes para recibir el informe de la comisión respectiva y tomar decisiones.
La primera se llevaría a cabo el 5 de marzo a las 11 horas en Palacio Nacional.
“Seguiremos la investigación con todos los elementos y medios que tenemos. Es un asunto de Estado esclarecer lo que sucedió y actuar”, subrayó.
Exhortó a quienes participaron en estos hechos que den su testimonio y aporten información que ayude a encontrar a los normalistas. Al mismo tiempo, ofreció protección, amnistía y recompensa.
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